El brutal caso de Ángel, el pequeño de apenas cinco años cuyo destino fatal guarda paralelismos estremecedores con el caso de Lucio Dupuy, ha vuelto a encender el debate sobre la imparcialidad de los organismos de protección de menores en Argentina. En el centro de la tormenta se encuentra la psicóloga Marcela Leiva, cuya intervención profesional hoy es cuestionada no solo por los resultados técnicos, sino por la influencia de su militancia ideológica en la toma de decisiones.
En las últimas semanas, la difusión de registros de activismo han vinculado directamente a Leiva con el movimiento del «pañuelo verde» y posturas alineadas con el feminismo radical. Para diversos sectores de la sociedad y abogados vinculados a la protección de los derechos del niño, esta filiación no es un dato menor ni privado, sino un factor que podría haber sesgado el juicio profesional de la psicóloga.
La crítica principal apunta a una supuesta «ceguera ideológica»: se investiga si la profesional, influenciada por una perspectiva que prioriza el vínculo materno y la deconstrucción de roles tradicionales, pudo haber minimizado o ignorado los claros indicadores de riesgo y maltrato que presentaba Ángel.
«El problema no es la militancia en sí, sino cuando el dogma reemplaza a la evidencia clínica», señalan voces críticas que denuncian una supuesta «perspectiva de género» aplicada de forma unidireccional para proteger la figura de la madre biológica por encima de la integridad del menor.
El caso de Ángel ha dejado al descubierto las grietas del Servicio de Protección de Derechos. Mientras que la justicia intenta desentrañar la cadena de responsabilidades, la opinión pública pone el foco en los informes periciales. ¿Fue la militancia de Leiva un atenuante para no advertir el peligro?
Los puntos clave que generan indignación incluyen:
- La omisión de alertas: La aparente falta de detección de señales de abuso físico y psicológico durante las entrevistas de seguimiento.
- Priorización del vínculo: El énfasis en mantener al niño con su progenitora, a pesar de los antecedentes de inestabilidad.
- El sesgo institucional: Una tendencia observada en ciertos estamentos del Estado donde la militancia política y social parece permear las decisiones técnicas de los equipos interdisciplinarios.
Mientras la investigación por negligencia y mala praxis avanza, el caso de la psicóloga Leiva se convierte en un emblema de la tensión entre el activismo y la función pública. El interrogante que queda en el aire es si el sistema judicial y de salud mental está preparado para garantizar la objetividad absoluta cuando la vida de un niño depende de un informe firmado por profesionales con marcadas agendas políticas.