Lo que comenzó como una filtración de datos bancarios se ha transformado en una crisis política de magnitud nacional. El viernes por la noche, la ministra de Capital Humano le solicitó la renuncia a su mano derecha. El motivo: un crédito de $420 millones obtenido por Massaccesi para la compra de una vivienda. Massaccesi, hijo del exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi, se defendió en sus redes sociales alegando que el trámite fue «transparente y vía web», ajustado a la ley como cualquier ciudadano.
La controversia tiene un fuerte anclaje en la provincia de Río Negro, ya que dos de sus máximos referentes legislativos en el Congreso Nacional serían deudores del Banco Nación bajo condiciones que la oposición ya califica de «privilegiadas».
- Lorena Villaverde: La diputada de La Libertad Avanza y figura clave del armado oficialista en la provincia figuraría con un crédito que oscila los más de $300 millones. La polémica en torno a su caso radica en la celeridad del otorgamiento y el monto, en un contexto donde el acceso al crédito para el ciudadano común sigue siendo restringido por los altos requisitos de ingresos.
- Sergio Capozzi: El diputado (Pro-Provincias Unidas) también aparecería en la nómina con una deuda hipotecaria de aproximadamente $24 millones con la entidad estatal, sumada a otros compromisos financieros con la banca privada.
Para los analistas, la presencia de estos nombres rionegrinos en la lista del BNA genera una contradicción ética con el discurso de «austeridad y fin de los privilegios de la casta» que ambos legisladores sostienen en sus distritos.
Massaccesi, Villaverde y Capozzi son solo la punta del iceberg. El listado, que ya circula en los pasillos de Tribunales tras una denuncia penal presentada por la diputada Mónica Frade, incluye a:
- Pedro Inchauspe (BCRA): $510 millones.
- Felipe Núñez (BICE): $475 millones.
- Juan Pablo Carreira («Juan Doe»): $113 millones.
- Santiago Santurio y Mariano Campero (Diputados): con montos superiores a los $300 millones cada uno.
Mientras el Banco Nación niega cualquier tipo de discrecionalidad y asegura que se trata de líneas UVA estándar, la justicia deberá determinar si los funcionarios utilizaron información privilegiada o su posición de poder para acceder a coberturas de hasta el 90% del valor de las propiedades, una facilidad que rara vez alcanza el solicitante promedio.
Por ahora, la única respuesta política contundente ha sido la de Pettovello. El resto de los ministerios y los bloques legislativos han optado por el silencio o la defensa técnica, mientras la opinión pública observa con indignación cómo la «motosierra» parece no haber pasado por las ventanillas de crédito del Banco Nación.