Un hecho de extrema crueldad ha vuelto a poner bajo la lupa la eficacia de los sistemas de protección de la niñez en Argentina. En las últimas horas, la localidad bonaerense de Berazategui se convirtió en el escenario de una tragedia que los investigadores ya comparan, por su saña y modalidad, con el crimen de Lucio Dupuy.
El caso salió a la luz cuando un niño de 12 años ingresó sin vida a un hospital local. Aunque las mujeres a cargo del menor intentaron justificar el deceso alegando un accidente doméstico, el personal médico advirtió de inmediato señales que no coincidían con el relato: marcas de golpes, quemaduras y un estado de desnutrición avanzada.
Según fuentes judiciales, la víctima convivía con su madre y la pareja de esta. Los primeros informes de la autopsia han sido determinantes, describiendo un cuadro de «tortura sistemática». Entre las lesiones detectadas se encuentran:
- Traumatismos múltiples de diversa data.
- Cicatrices compatibles con quemaduras de cigarrillos.
- Signos de desatención extrema y falta de alimentación básica.
«Estamos ante un escenario de una perversidad difícil de explicar. El niño vivía en un infierno silencioso», detalló una fuente cercana a la investigación.
La fiscalía interviniente ordenó la detención inmediata de ambas mujeres. Actualmente, se encuentran imputadas por homicidio agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, una calificación que contempla la pena de prisión perpetua.
Los investigadores intentan determinar ahora si existieron denuncias previas por parte de vecinos o de la institución educativa a la que asistía el menor, o si, al igual que en el caso pampeano de 2021, el sistema de alertas falló sistemáticamente.
La inevitable comparación con el asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en La Pampa por su madre y su pareja, ha generado una ola de indignación en redes sociales y en la comunidad local. El paralelismo no solo reside en la identidad de las agresoras, sino en el ensañamiento prolongado y la aparente invisibilidad del menor ante los organismos estatales que debían protegerlo.
Por el momento, la justicia ha dictado el secreto de sumario mientras se recolectan testimonios del entorno familiar y vecinal para reconstruir los últimos meses de vida de la víctima.