En una jornada marcada por un fuerte despliegue de seguridad, la Justicia Federal llevó a cabo este martes la incineración de un importante cargamento de estupefacientes en la Planta de Residuos II de esta ciudad. El procedimiento, que incluyó la destrucción de 874 plantas y plantines de marihuana, además de 43,3 kilos de cannabis (entre cogollos y picadura), representa el cierre de 236 investigaciones judiciales que se tramitaron en la región.
El operativo fue encabezado por los fiscales federales Fernando Arrigo, Matías Zanona y María Claudia Frezzini, junto a un amplio equipo de auxiliares y efectivos de fuerzas nacionales. Según explicaron las autoridades, este acto no solo tiene un valor material, sino un fuerte peso simbólico en la lucha contra el comercio de drogas.
El fiscal de distrito, Fernando Arrigo, subrayó la importancia de que la comunidad observe el destino final de la droga incautada. «Es un premio para que se vea qué se hace con lo secuestrado. Esta droga estaba disponible para el consumo y el comercio, y hoy está fuera de circulación», afirmó.
Por su parte, el fiscal Matías Zanona puntualizó que la destrucción inmediata es una obligación legal, pero también una necesidad sanitaria. Al tratarse de material orgánico, las plantas de cannabis inician un proceso de descomposición química que genera fluidos y olores tóxicos en el corto plazo, lo que representa un riesgo ambiental para las dependencias donde se almacenan.
Este procedimiento es la tercera quema masiva que se realiza desde noviembre de 2024, un ritmo que las autoridades atribuyen a la implementación del sistema acusatorio. Según la fiscal María Claudia Frezzini, este modelo permite una mayor articulación entre las áreas del Ministerio Público Fiscal, acelerando los tiempos procesales.
En esta ocasión, solo se destruyó cannabis, ya que otras sustancias, como la cocaína, requieren métodos químicos de neutralización distintos para evitar la contaminación atmosférica.
La elección del predio de la Planta de Residuos II no fue azarosa. El terreno fue seleccionado bajo estrictos criterios ambientales para garantizar que la quema a cielo abierto no afectara las napas inferiores de agua. Antes de iniciar la incineración, peritos realizaron tests de campo frente a testigos civiles para certificar fehacientemente que el material destruido era, en efecto, estupefaciente.
Con este operativo, la Justicia Federal de General Roca busca enviar un mensaje claro sobre la eficacia en el procesamiento de las causas por narcotráfico y el compromiso con la seguridad de los ciudadanos del Alto Valle.