La función pública exige coherencia. Si existió una irregularidad en el cobro de haberes por incompatibilidad, la renuncia a la dieta actual es solo el primer paso. El segundo, y más importante, es el resarcimiento al erario público.
La concejal Rocío Sgaravato, del bloque Fuerza Patria, sacudió el tablero político local con un anuncio que, a primera vista, parece un gesto de desprendimiento y transparencia: la renuncia formal a su dieta mensual. El argumento esgrimido es una superposición horaria con su labor docente. Sin embargo, detrás del lenguaje de los «altos estándares éticos» y el «compromiso vecinal», asoman interrogantes que la edil aún no ha logrado despejar.
A través de una nota oficial, Sgaravato justificó su decisión como una medida para evitar «conflictos de intereses». Según sus propias palabras, busca que su labor legislativa se desarrolle bajo una ética intachable. No obstante, la pregunta que circula en los pasillos del Concejo Deliberante es el momento elegido para esta renuncia.
Si la incompatibilidad horaria entre el aula y la banca existe hoy, existía también el pasado 10 de diciembre, cuando asumió sus funciones. El interrogante es inevitable: ¿Por qué la transparencia tardó tres meses en llegar?
El comunicado de la concejal omite un detalle financiero y legal no menor. Durante el primer trimestre de su gestión, Sgaravato habría estado en una situación de doble percepción de haberes o, al menos, de incompatibilidad horaria no declarada.
- ¿Qué sucedió con los sueldos percibidos en diciembre, enero y febrero?
- ¿Cobró simultáneamente como docente y como legisladora sabiendo que sus horarios se superponían?
Hasta el momento, no ha habido mención alguna sobre una devolución del dinero percibido durante esos meses. Hablar de «integridad» mientras se retienen fondos obtenidos bajo una irregularidad horaria resulta, cuanto menos, contradictorio. La ética pública no es un interruptor que se enciende cuando la presión aumenta; es una conducta constante desde el primer día de gestión.
Sgaravato asegura que esta decisión no afectará su trabajo territorial. «Hay personas que esperan respuestas», sostuvo. Es cierto, la comunidad espera respuestas, pero no solo sobre proyectos legislativos, sino sobre el manejo de los fondos públicos que salen del pago de las tasas.
Si la intención de la edil es dar una señal clara de integridad, el gesto queda a mitad de camino. La transparencia real no se agota en dejar de cobrar a futuro cuando el conflicto de intereses se vuelve insostenible; se demuestra rindiendo cuentas sobre lo actuado.