En una sesión maratónica que se extendió por más de siete horas, la Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, marcando un punto de inflexión en la política de seguridad y justicia de la Argentina. El eje central de la reforma, impulsada con énfasis por el gobierno de Javier Milei, es la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La votación resultó en una victoria para el oficialismo de La Libertad Avanza, que contó con el respaldo estratégico del PRO, la UCR y bloques provinciales dialoguistas. El conteo final arrojó 44 votos afirmativos, 27 negativos (provenientes principalmente del interbloque de Unión por la Patria) y una sola abstención.
La nueva normativa deroga la Ley 22.278, vigente desde 1980. Según el texto aprobado, se busca pasar de un modelo tutelar (donde el juez decidía sobre la vida del menor de forma casi arbitraria) a un sistema acusatorio especializado. Este nuevo régimen garantiza el derecho a la defensa técnica desde el inicio del proceso y la participación de las familias, aunque establece consecuencias penales directas para adolescentes a partir de los 14 años que cometan delitos tipificados en el Código Penal.
- Edad de imputabilidad: Se fija en los 14 años. Quienes tengan esa edad y cometan delitos serán sometidos a procesos penales.
- Escala de penas: Establece un sistema de sanciones que van desde medidas socioeducativas y reparación del daño para delitos menores, hasta un máximo de 15 años de prisión para delitos graves (como homicidios o violaciones).
- Medidas alternativas: La ley contempla tareas comunitarias, monitoreo electrónico y dispositivos educativos como prioridad antes del encierro.
- Prohibición de alojamiento común: Queda estrictamente prohibido que los menores sean trasladados a cárceles de adultos; deberán cumplir sanciones en centros especializados de rehabilitación.
El clima dentro y fuera del recinto fue de extrema tensión. Mientras en las calles aledañas al Congreso se registraban protestas de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, dentro del Senado las posiciones fueron irreconciliables.
Desde el peronismo, la senadora Lucía Corpacci fustigó la medida asegurando que «la baja de edad no soluciona nada» y que el presupuesto asignado es «insuficiente para una verdadera reinserción». Por su parte, el senador Gerardo Zamora advirtió sobre posibles planteos de inconstitucionalidad, debido a que la reforma podría colisionar con tratados internacionales con jerarquía constitucional que prohíben la regresividad en derechos de las infancias.