En una jornada marcada por el clima de tensión política y los desgarradores testimonios de familiares de víctimas, el oficialismo logró este jueves dar un paso decisivo en el Congreso. Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales del Senado, emitieron el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya reforma central es la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la encargada de confirmar la noticia. «La semana que viene lo vamos a convertir en ley», aseguró con firmeza. Para la exministra, la iniciativa busca terminar con lo que denomina la «impunidad de los menores» que utilizan su edad como escudo para delinquir.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone una reestructuración profunda del sistema que data de 1980. Entre sus puntos más destacados se encuentran:
- Responsabilidad penal desde los 14 años: Los menores podrán ser procesados por delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros.
- Tope de penas: Se establece un máximo de 15 años de prisión. El texto descarta de plano la posibilidad de aplicar la prisión perpetua a menores de edad.
- Prohibición de alojamiento mixto: La normativa prohíbe estrictamente que los menores sean alojados en los mismos establecimientos que los adultos.
- Enfoque restaurativo: Para delitos con penas menores (menos de 3 años), se priorizan medidas socioeducativas. Si el joven cumple con las pautas impuestas (estudio, tratamiento o aprendizaje de oficios), se contempla la extinción de la acción penal.
El plenario de comisiones contó con la participación de familiares de víctimas de inseguridad, cuyos relatos fueron determinantes para presionar por el dictamen.
Desde el exterior, el presidente Javier Milei no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales, celebró el avance con su habitual mensaje: «TMAP. VLLC!» (Todo marcha acorde al plan. Viva la libertad carajo), ratificando que la seguridad y la reforma penal son prioridades absolutas de su gestión para este inicio de año.
A pesar del avance, la oposición mantiene críticas severas. Sectores del peronismo y la Izquierda califican la medida de «marketinera» y cuestionan la falta de presupuesto real para infraestructura carcelaria especializada. Sin embargo, el oficialismo confía en que los números le darán el triunfo definitivo en el recinto el próximo jueves 26 de febrero.
De aprobarse, el Estado tendrá un plazo de 180 días para adecuar las estructuras judiciales y penitenciarias antes de la plena vigencia del sistema.