En una nueva escalada de tensión entre el Poder Ejecutivo y los sectores sindicales, el Gobierno nacional anunció que descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado para este jueves, 19 de febrero. La medida de fuerza busca frenar el avance del proyecto de reforma laboral que el oficialismo pretende llevar al recinto de la Cámara de Diputados esta misma semana.
Fuentes de alto rango en la Casa Rosada confirmaron a la prensa que la decisión es firme. «Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran», señalaron funcionarios libertarios, enfatizando que la obligación de los agentes públicos es presentarse a trabajar «sí o sí».
A diferencia de otras medidas de fuerza recientes, esta jornada contará con un condimento crítico: la adhesión total de los gremios del transporte. Colectivos, trenes, subtes y taxis no prestarán servicio, lo que supone un desafío logístico para el Gobierno, que de todas formas exige la presencia de los empleados en sus puestos de trabajo.
El frente sindical presenta matices en su ejecución. Mientras que la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), dirigida por Andrés Rodríguez, confirmó su adhesión al paro pero sin movilización, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adoptó una postura más confrontativa.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, ratificó que el gremio no solo paralizará sus actividades, sino que marchará hacia el Congreso. «No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno dejando vacío el Congreso», afirmó Aguiar, quien criticó duramente el proceso legislativo y advirtió sobre la pérdida de derechos que, a su juicio, implica la nueva normativa.
Por su parte, Andrés Rodríguez (UPCN) justificó la huelga argumentando que el proyecto «quita derechos y no va a crear ni un solo empleo», señalando puntos críticos como la modificación de la ultraactividad de los convenios y las restricciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
El oficialismo de La Libertad Avanza busca obtener dictamen de comisión este miércoles para tratar la reforma en el recinto el jueves. El proyecto llega envuelto en polémica, especialmente tras el debate por el artículo que reducía las licencias médicas, un punto en el que el Gobierno debió ceder para asegurar el avance de la ley.
Pese a las modificaciones de último momento, los gremios consideran que la esencia de la «Modernización Laboral» sigue siendo perjudicial. En la Casa Rosada, sin embargo, creen que al haber cedido en puntos sensibles, la consigna del paro ha perdido fuerza. De aprobarse en Diputados con modificaciones, el proyecto deberá regresar al Senado, donde el oficialismo espera sancionarlo definitivamente el viernes de la semana próxima.