Lo que comenzó como una mera cuestión política más se transformó, en las últimas semanas de diciembre, en un terremoto judicial que amenaza con desmantelar la estructura de poder de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre allanamientos masivos, sociedades «fantasma» en el exterior y acusaciones de lavado de activos, la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia enfrenta su hora más oscura.
La causa que más preocupa al entorno de Tapia es la que investiga el desvío de 40 millones de dólares. Según la justicia, fondos provenientes de contratos de patrocinio y partidos amistosos de la Selección Argentina habrían sido triangulados a través de sociedades sin actividad real en Miami.
El hilo conductor apunta directamente al empresario Javier Faroni. El reciente operativo en Aeroparque, donde se le prohibió la salida del país y se secuestraron sus dispositivos electrónicos, reveló una trama de gastos suntuosos: yates, mansiones y hasta el financiamiento del club italiano Perugia, dinero que, por derecho, debería haber ingresado a las arcas de la calle Viamonte.
En paralelo, la figura de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha de Tapia, quedó bajo la lupa por el presunto uso de prestanombres. La investigación detectó una propiedad de lujo en Pilar que figura a nombre de una jubilada y un monotributista sin ingresos declarados.
«Estamos ante una matriz de lavado de activos donde se utilizan estructuras del fútbol para blanquear capitales de origen dudoso», señaló una fuente cercana a la fiscalía.
A esto se suma el rol de la financiera Sur Finanzas. Su titular, Maximiliano Vallejo, está siendo investigado por movimientos de dinero «astronómicos» que no coinciden con su capacidad tributaria, vinculando estrechamente a la financiera con los contratos de sponsoreo de la Liga Profesional.
No todo es «dinero en negro»; el frente fiscal es igual de crítico. El fiscal Claudio Navas Rial imputó a la dirigencia por una deuda de 19.000 millones de pesos con ARCA. Se sospecha que la AFA retuvo sistemáticamente los aportes previsionales y jubilatorios de sus empleados y de trabajadores de diversos clubes, utilizándolos para financiar otros gastos operativos.
Esta maniobra derivó en una medida sin precedentes: el juez interviniente ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de Claudio Tapia, permitiendo que los peritos contables rastreen cada centavo de su patrimonio personal y sus cuentas en el extranjero.
El cierre del año 2025 estuvo marcado por la imagen de la Policía Federal ingresando simultáneamente a la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y las oficinas de 18 clubes. El objetivo: buscar los contratos originales de publicidad. Se sospecha que muchos de estos acuerdos fueron firmados con sobreprecios que luego retornaban a manos de intermediarios.
Mientras la AFA se defiende alegando una «persecución política y mediática», la justicia ha habilitado la feria judicial de enero para evitar que se destruyan pruebas. El aire que se respira en Ezeiza es de incertidumbre: con el secreto fiscal levantado y los testaferros identificados, el «partido» más difícil de la gestión Tapia recién comienza.