Mientras el gobierno bonaerense insiste en defender su política sanitaria, la enorme obra social provincial —IOMA— enfrenta crecientes denuncias por deudas multimillonarias, demoras crónicas en los pagos y quebrantos en la atención a sus afiliados. Pero al malestar acumulado se le suma ahora otra acusación: la supuesta restricción a las manifestaciones por parte del poder provincial.
El detonante más visible fue el caso del Hospital Garrahan, al que Nación exige la cancelación de una deuda de 5.709 millones de pesos correspondientes a prestaciones ya realizadas. El reclamo nacional coloca al gobernador Axel Kicillof en el centro de una nueva crisis, al cuestionar su responsabilidad en el sostenimiento financiero del sistema de salud bonaerense.
Mientras tanto, prestadores y clínicas denuncian retrasos en sus honorarios, falta de actualización de aranceles y embudos burocráticos que, sostienen, hacen inviable su subsistencia. En algunos distritos de la provincia, ya se han registrado suspensiones de convenios y restricciones severas en el acceso a tratamientos de alta complejidad. Los afiliados, por su parte, relatan con angustia la imposibilidad de conseguir turnos o cobertura médica en condiciones mínimas.
Existe cierto malestar de los profesionales y en las redes sociales dieron a conocer esta crisis, porque el gobierno de Axel Kicillof evita debates más hondos sobre la estructura de financiamiento de IOMA.
La polémica por el derecho a protestar
Aquí aparece un nuevo elemento de disputa: afiliados autoconvocados han denunciado que su reclamo es sistemáticamente minimizado o barrido por la administración bonaerense. En Mar del Plata, por ejemplo, un grupo de usuarios marchó públicamente para exigir respuestas y pidió la renuncia del titular de la obra social, Homero Giles. Pero también acusaron a Kicillof de usar fondos de IOMA con fines electorales —y de condicionar la posibilidad de manifestarse libremente.
En ese caso, los manifestantes aseguraron que “no nos dan un espacio para hablar ni con Kicillof ni con Giles” y que las promesas de normalización nunca se concretan.
Algo similar ocurrió cuando afiliados planificaron una protesta durante un acto oficial de Kicillof en Tandil: autoconvocados anunciaron que acudirían al lugar para visibilizar los reclamos del sistema de salud ante su presencia.
Según los manifestantes, la administración bonaerense busca acallar los reclamos en ámbitos controlados, evitando conflictos públicos fuertes.
La obra social se transformó en un símbolo del malestar con la gestión bonaerense.
Para los afiliados, la duda ya no es solo si tendrán atención médica adecuada, sino si aún conservan el derecho a manifestarse por ello. Que reclamen un turno, una práctica, un reintegro o el pago de una deuda ya no es simplemente un acto de justicia; para muchos es una pequeña contienda ante un poder que parece decidir cuándo se permite alzar la voz.
