El caso conocido como el “triple crimen de las pibas” sigue sumando revelaciones y apunta a una red de vínculos políticos y judiciales en torno a lo ocurrido en Florencio Varela, donde fueron halladas sin vida Brenda, Morena y Lara, desaparecidas días antes en La Matanza.
Fuentes de la investigación confirmaron que la casa donde se cometieron los asesinatos pertenece a Silvia Almazán, dirigente sindical y actual secretaria adjunta de SUTEBA a nivel provincial. El inmueble estaba alquilado a Marcela Guerrero, directora de Educación Primaria en La Matanza y funcionaria del intendente Fernando Espinoza.
Según el expediente, la hija de Guerrero, Celeste, habría intentado limpiar los rastros de sangre en el lugar. Por ese hecho, se convirtió en la primera detenida de la causa.
El caso, que ya es considerado uno de los más graves de los últimos años en la provincia de Buenos Aires, también generó repercusiones dentro del ámbito político. Distintas fuentes mencionan la posible participación o encubrimiento de dirigentes vinculados al kirchnerismo, incluyendo a al menos dos intendentes del conurbano bonaerense, a raíz de presuntas amenazas de una organización narco que los señala por la desaparición de una importante cantidad de droga.
La información incorporada a la causa indica que la banda narco habría dejado un mensaje intimidatorio en la oficina de un jefe comunal del conurbano, responsabilizándolo por el supuesto faltante de estupefacientes.
Mientras tanto, dirigentes de SUTEBA participaron de marchas en reclamo de justicia, aunque el gremio cerró los comentarios en sus redes sociales y no volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso, lo que generó más cuestionamientos dentro del propio ámbito sindical.
El expediente judicial continúa bajo secreto de sumario, y se espera que en los próximos días se conozcan nuevas declaraciones y posibles detenciones, en una investigación que cada vez revela más conexiones entre el crimen, la política y el narcotráfico.