El legislador César Domínguez presentó un proyecto en la Legislatura de Río Negro que busca sancionar a los padres o tutores de alumnos que cometan actos de bullying en el ámbito escolar. La iniciativa propone multas económicas y la obligación de asistir a cursos de convivencia y responsabilidad parental.
Domínguez explicó que el objetivo principal es abordar con urgencia una problemática que afecta a niños y adolescentes en todo el sistema educativo.
“El acoso escolar no debe ser subestimado ni normalizado. Cuando se minimiza desde las instituciones, los chicos cargan con un dolor silencioso que puede durar toda la vida”, advirtió.
El legislador detalló que el proyecto establece la denuncia obligatoria de los casos de acoso dentro de las 24 horas de haber sido detectados, y prevé sanciones administrativas para los docentes o directivos que dilaten su tratamiento. Además, los padres o tutores que no tomen medidas para revertir la conducta de sus hijos recibirían una multa estimada en alrededor de un millón y medio de pesos, aunque el monto podría modificarse durante el debate legislativo.
“La familia es el lugar donde se aprende el respeto y la empatía hacia los demás. Si eso no se corrige a tiempo, la violencia se traslada al colegio”, señaló Domínguez.
El proyecto también prevé excepciones para casos en los que los tutores sean adultos mayores o tengan problemas de salud.
Según estudios recientes, el 32% de los estudiantes de la provincia se sienten discriminados en la escuela y más del 60% ha sufrido algún tipo de agresión, lo que subraya la necesidad de contar con un marco normativo específico.
El proyecto establece que los tutores de un niño o adolescente notificado por la autoridad educativa por ejercer acoso deberán adoptar medidas efectivas para cesar la conducta.
En caso de incumplimiento, se prevé:
- Una multa económica equivalente a 30 JUS, lo que hoy representa cerca de 2 millones de pesos.
- Participación obligatoria en talleres y espacios de formación sobre derechos del niño, convivencia escolar y prevención de la violencia, ofrecidos por el Ministerio de Educación o el Consejo Provincial de Educación.
Finalmente, el legislador subrayó la necesidad de un abordaje integral:
“Hay una responsabilidad compartida entre el Estado, las escuelas, los padres y toda la sociedad. Con el aporte de todos podemos garantizar que los chicos crezcan en espacios educativos de respeto y contención”.