La oposición al gobierno de Axel Kicillof empuja la implementación de las pistolas Taser para las fuerzas de seguridad. El pedido se da en medio del contrapunto discursivo por el combate de la inseguridad entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la administración bonaerense. Días atrás, los bloques legislativos de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, firmaron un proyecto en conjunto para “regular y habilitar el uso de armas de impulso electrónico por parte de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”. La decisión es un gesto político que pone presión sobre la administración bonaerense, dado que fue todo el arco opositor el que terminó firmando el proyecto que originalmente presentó el senador del bloque PRO, Marcelo Leguizamón Brown.
La discusión del uso de armas de impulso eléctrico no es nueva. De hecho había sido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quién adquirió las primeras armas no letales cuando ocupaba durante la presidencia de Mauricio Macri, el mismo cargo que ejerce actualmente bajo la gestión de Javier Milei. Luego, la administración de Alberto Fernández definió frenar la adquisición y uso de las Taser.
Son 21 firmas las que se inscriben en el proyecto del senador bonaerense del PRO. Además de sus compañeros de bloque incluye también a representantes de las bancadas UCR + Cambio Federal, PRO Libertad (referenciado en Patricia Bullrich) y La Libertad Avanza. Este último espacio está disgregado en la Cámara alta provincial. Quienes acompañan la iniciativa de Leguizamón son los senadores que mantienen cierta autonomía de la Casa Rosada. En tanto que el bloque La Libertad Avanza I que integran Joaquín De la Torre, Florencia Arietto y Carlos Curestis no firmaron el texto, pero respaldan el uso de las Taser. La no firma corresponde a que en la Cámara de Diputados, el legislador del mismo espacio, Nahuel Sotelo, promueve una iniciativa en espejo con el acompañamiento de los bloques PRO Libertad y Unión Renovación y Fe. Sotelo fue recientemente designado como secretario de Culto.
La iniciativa contempla ciertos protocolos a llevar adelante para el uso de armas no letales, como capacitación especial, auditorías tanto de los dispositivos como hacia los efectivos a utilizarlas y el modo de utilizarla; esto es que sea un ciclo estándar de cinco segundos para luego evaluar la situación y determinar si es necesario un siguiente ciclo -es decir otra descarga-, entre otras cuestiones.
El proyecto que impulsaron los bloques opositores en la Legislatura bonaerense también se enmarca dentro del contrapunto que este lunes se desató entre el gobierno de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires por el combate contra el delito. El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció el despliegue de 1000 policías adicionales en las calles de la Ciudad y en el marco de dicho anuncio planteó “poco compromiso” en la lucha contra el delito de parte de la administración de Kicillof.