Hay el doble de jubilados y pensionados que en 2001 y sólo 4 de cada 10 obtuvo el beneficio con todos los aportes. El 58% de los 7 millones de adultos mayores que cobran un haber de la ANSES, accedió al beneficio con una moratoria. El gasto previsional es la mayor partida individual del Presupuesto.
Uno de los artículos del mega proyecto de Reforma del Estado que comenzó a analizarse esta semana en las comisiones de la Cámara de Diputados suspende la fórmula de movilidad jubilatoria que se utiliza para fijar el incremento en los haberes y deja las actualizaciones de las pensiones previsionales en manos del Poder Ejecutivo.
El gasto previsional en Argentina estaba previsto para este año, según el Presupuesto armado por Sergio Massa y prorrogado para el 2024 por Javier Milei, en 7,6% del PBI. Pero con el ajuste, se estima que esté más cerca del 7,2%. Es la mayor partida individual del Presupuesto nacional. Pero el abultado déficit fiscal, con alta informalidad laboral – que según el INDEC llegó al 42% en el primer trimestre del 2023-, y una cada vez mayor longevidad de la población, pone en jaque la sustentabilidad del sistema.
En el país, actualmente, hay 7 millones de adultos mayores que reciben un haber jubilatorio o pensión por los aportes hechos por el cónyuge fallecido. De esa cantidad, 5.417.890 son jubilados y 1.638.617 pensionados, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), analizados por Infobae. Los beneficiarios del sistema previsional son hoy el doble de los que había en 2001, el año de la crisis económica y social que desembocó en la salida anticipada de Fernando de la Rúa. La cifra hoy se traduce en que el 95% de las personas mayores cuenta con algún ingreso previsional, lo que convierte al país en uno de los de mayor cobertura de la región.
“La alta cobertura es un logro que convive con una gran dificultad: no se ha logrado que el reparto sea igualitario y sostenible fiscalmente”, según advirtió la directora de CIPPEC, Gala Díaz Langou. Este think tank presentó en el último coloquio de IDEA una propuesta basado en el informe “Reordenamiento del Sistema Previsional Argentino”.
Para poder jubilarse en el régimen general se le requiere a los hombres tener 65 años y a las mujeres, 60, pudiendo ellas continuar hasta los 65 si así lo desean. Además se necesitan 30 años de servicio en relación de dependencia o como autónomo. El sistema jubilatorio en Argentina funciona como un régimen de reparto, en cual las jubilaciones se pagan a partir de los aportes de los trabajadores en actividad y los de sus empleadores. A agosto pasado, según datos de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, había 10,7 millones de trabajadores del sector público y privado aportantes al sistema. Pero lo recaudado solo cubre entre el 55% y el 60% de la masa de haberes, por lo que la ANSES requiere recursos adicionales que provienen de impuestos específicos asignados a la seguridad social, y de aportes del Tesoro nacional.
Pero ese nivel de cobertura previsional solo se explica por la sucesión de moratorias dictadas desde 2003 en adelante, que les permitió obtener una jubilación a muchas personas que no contaban con los años de aportes requeridos y que pudieron hacerlo mediante un plan de pagos.
Hoy, el 58% de los jubilados y pensionados accedió al sistema mediante algún tipo de plan de regularización o condonación de deuda previsional, es decir, no contaba con la cantidad de años de aportes suficientes. Según los datos del último Boletín Estadístico de la Seguridad Social que publica el Ministerio de Trabajo, correspondientes a septiembre pasado, los haberes liquidados sumaban 7.056.507, de los cuales 4.083.700 fueron con moratoria. Esto implica que sólo 4 de cada 10 jubilados o pensionados accedió al beneficio con los 30 años de aportes registrados, tal como exige la ley.
La necesidad de una moratoria para acceder al beneficio fue mayor en los jubilados que en los pensionados. Mientras que el 66% de los jubilados (3.588.898) cobra mediante algún plan de regularización previsional, sólo el 30% de los pensionados (494.802) recurrió a esa modalidad para acceder al beneficio por la muerte del cónyuge.
Entre 2001 y 2005, el número de beneficios previsionales totales mostró un ligero descenso (pasaron de 3.311.686 a 3.165.336). Pero a partir de 2006, comenzó a crecer ininterrumpidamente, con un primer pico en 2007, como efecto de las moratorias aprobada en el gobierno de Néstor Kirchner.
El Congreso aprobó el año pasado una nueva moratoria previsional (ley 27.705) por la cual, una vez que reciben sus haberes las personas que no cumplían con los aportes obligatorios, se les descuente el 29% en concepto del pago de la deuda en hasta 120 cuotas. De acuerdo con estimaciones del gobierno de Alberto Fernández, el nuevo plan permitiría incorporar al sistema a 800.000 personas que estaban en edad para jubilarse, pero no contaban con los aportes suficientes.
Mas jubiladas Mujeres
Por cómo está diseñado el sistema previsional y las desigualdades heredadas del mundo del trabajo, esta problemática afecta mucho más a las mujeres. “Cada año, aproximadamente más de 150.000 mujeres cumplen 60 años y no cuentan con los 30 años de aportes requeridos”, según señala Mera en el paper de CIPPEC.
En efecto, de los datos de la Anses surge que el 69% de los pasivos que reciben un haber son mujeres (4,7 millones). Esta relación es aún más marcada entre las pensionadas que conforman el 84% del total (1.330.400), mientras que entre el total de los jubilados, las mujeres representan el 64% (3.401.989).Este fenómeno tiene una primera explicación en dos causas directas.
Los aumentos de las jubilaciones actualmente se realizan de forma trimestral a partir de una fórmula de movilidad que se modificó en 2017, durante el gobierno de Macri, y pasó a un cálculo que ataba los aumentos de haberes a la inflación y la suba de los salarios. Fernández la suspendió, y en 2020 aplicó subas por decreto. En 2021, comenzó a aplicarse una nueva fórmula sancionada en el Congreso que contempla la evolución de los salarios y la recaudación de la ANSES destinada a la seguridad social, pero no la inflación.
De aprobarse en el Congreso el artículo 106 de la “ley ómnibus” que impulsa Milei, se suspendería la actual fórmula de movilidad y los aumentos pasarían a estar fijados por el Poder Ejecutivo, que podría disponer subas periódicas por decreto “atendiendo con prioridad a beneficiarios de más bajos ingresos”, sin ninguna especificación sobre el cálculo o índice a aplicar, ni el universo de jubilados alcanzados.