DIA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
“NUNCA MAS”
El 24 de marzo de 1976 se llevo a cabo un golpe de estado en Argentina que marcó la historia de nuestro país. Fueron 7 años de dolor, sufrimiento, oscuridad, censura y represión.
Fueron 30.000 las personas desaparecidas durante el gobierno Militar, autoritario y es por eso que distintos movimientos sociales, organizaciones, sindicatos, partidos políticos, actores políticos y sociales salieron a manifestar y a reclamar “verdad y justicia” levantando las banderas de la democracia.
Las madres de plaza de mayo conmovieron al mundo y fueron pioneras de ciertos actos de justicia en nuestro territorio Nacional argentino. A partir del 30 de abril de 1977, comenzaron a protestar. Pero hay que recordar que todo tipo de alteración público-social era prohibida y castigada. Así que decidieron juntarse pacíficamente en la plaza de mayo, para marchar en circulo, portando en sus cabezas pañuelos blancos, levantaron los carteles con fotos de los desaparecidos y reclamaban justicia.
En 1983, vuelve la democracia en Argentina y se le da fin al último gobierno militar. Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación, restaurándose el estado de derecho.
Uno de sus primeros actos, apenas cinco días después de asumir, Alfonsín firma los decretos 157/83 y 158/83 en los que se ordenaba el enjuiciamiento a los miembros de las tres juntas militares que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 y a varios dirigentes de distintas organizaciones.
EL juicio a las Juntad se desarrolló entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Dado que el tribunal militar se negaba a enjuiciar a sus compañeros se optó por hacerlo en tribunales civiles, lo que represento un hecho inédito a nivel mundial.
En el proceso se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia que condenó a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión y a Armando Lambruschini a 8 años al igual que 4 años de prisión para Orlando Ramón Agosti.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición De Personas (CONADEP), presidida por Ernesto Sábato e integrada por distintas personas como Rene Favaloro, Marshall Meyer, Magdalena Ruíz Guiñazu, Graciela Fernández Meijide, entre otros. Este organismo tenia como función revelar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones a los derechos humanos para fundar el juicio a las juntas militares.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP presentó su trabajo, el informe titulado “NUNCA MAS” La entrega de este material, que recopilaba y probaba cerca de 9.000 casos de desaparición forzada de personas.
Raúl Alfonsín fue el primer presidente que impulso un trabajo fuerte con respecto a los derechos humanos de lesa humanidad.
Luego de varios años de gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) no se profundizaron ciertas política de derechos humanos. Lo mismo sucedió durante el gobierno de Fernando de la Rúa (1999- 2001) donde no desarrollo ninguna acción sobre los juicios de lesa humanidad.
Néstor Kirchner (2003-2007) reabrió el proceso, planteando la necesidad de actuar en contra de los militares y aplicar el código penal a los culpables, y sancionar en juicios penales ordinarios y con el debido proceso a los responsables, civiles y militares, por las violaciones de los derechos humanos ocurridos en nuestro país.
El proceso de juzgamiento hasta el momento superan los 1000 condenados pero todavía falta conocer mucho mas sobre los 30000 desaparecidos que tuvo este hecho en Argentina. Tanto desde la esfera social como la esfera estatal se busca la verdad sobre los actos durante el terrorismo de Estado.
Desde que se reabrieron los procesos por delitos de lesa humanidad, fueron alrededor de 3500 personas quienes estuvieron bajo investigación, y fueron condenadas unas 1000 personas. Hasta el momento, hay 21 juicios en curso y 73 causas que esperan a que un tribunal oral fije fecha para el inicio de las audiencias. En total, son 626 las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. A 45 años del golpe de estado, falta mucho por investigar y es deber de la corte suprema o la Cámara de cesación Federal profundizar el trabajo. Además, el Poder ejecutivo debe aplicar ciertas políticas de estado para conocer la verdad y acelerar el proceso en todas sus etapas, avanzando con la sanción de los crímenes que se cometieron antes del golpe de estado.