Cuando hablamos de igualdad o del derecho a la igualdad, la discusión parece quedar circunscripta únicamente a la igualdad ante la ley, receptada en el art. 16 de la Constitución Nacional.
Dicho derecho, como mencionamos anteriormente, goza de recepción constitucional y también, es un principio en el corpus iuris internacional. No obstante, debemos aclarar que la igualdad cuenta con dos facetas fundamentales, una de ellas es la formal, integrada fundamentalmente por un componente jurídico, que es la igualdad ante la ley. El problema es que con solo esta cara de una misma moneda no alcanza, ya que nunca la paridad formal modificara el statu quo, tan solo por el hecho de que nada dice sobre las desigualdades reales. Claramente, el art. 16 de la CN recepta este tipo de igualdad.
Por otro lado, tenemos la igualdad real de oportunidades, que si modifica el statu quo, que busca paliar o acortar de forma sustancial la gran brecha existente entre esta solemne igualdad formal y la realidad de nuestra sociedad que evidencia que no todas las personas pueden ejercer plenamente sus derechos. Simplemente, la igualdad real busca generar y crear una sociedad más justa. Una evidencia de esto es el art. 37 de nuestra Carta Magna que manifiesta la necesidad de garantizarles a las mujeres el acceso a los cargos públicos sin que deban enfrentarse a obstáculos que, claramente, un hombre no encuentra.
Owen Fiss, manifiesta que hablar de igualdad no significa que no se puedan llevar a cabo distinciones entre distintos sectores de la sociedad, sino que justamente, se deben llevar a cabo dichas distinciones, pero debe existir una clara adecuación entre medios y fines.
Considero que la igualdad es una decisión política porque es el estado, en sus tres poderes o funciones es el que debe velar por el respeto de los derechos de todos, todas y todes. Es una decisión política porque son nuestros legisladores y legisladoras quienes tienen que justamente –valga la redundancia- legislar para reducir las brechas existentes entre los distintos sectores de la sociedad. Es una decisión política porque es el poder ejecutivo el que tiene que desarrollar políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables. Es una decisión política porque es también el Poder Judicial quien a través de sus sentencias ensanchara o reducirá la desigualdad en nuestra sociedad.
Distintos gobiernos de nuestro país se han ocupado y preocupado seriamente por reducir la desigualdad reinante en nuestro territorio, la ley de Matrimonio Igualitario, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Fertilización Asistida, programas como Conectar Igualdad o el Pro.Cre.Ar, tuvieron indudablemente efectos sumamente positivos.
También, gracias a la lucha de los colectivos feministas, las mujeres han logrado obtener grandes victorias, como lo es la ley de paridad de género en cargos electivos del Poder Legislativo y la ley Micaela (que ordena la capacitación en perspectiva de género).
VALENTIN RODRIGUEZ.-
ESTUDIANTE DE ABOGACIA