La Justicia federal cordobesa marc\u00f3 un hito en el \u00e1mbito sanitario y jur\u00eddico nacional. En un fallo de alta relevancia, la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de C\u00f3rdoba determin\u00f3 que existe una relaci\u00f3n causal directa entre la aplicaci\u00f3n de la primera dosis de la vacuna Sputnik V y la muerte de Mel\u00edn Agustina Sartori, una joven de 24 a\u00f1os que falleci\u00f3 en julio de 2021.<\/p>\n\n\n\n
La joven present\u00f3 un cuadro de trombocitopenia tromb\u00f3tica inducida por vacuna (VITT), un evento adverso extremadamente infrecuente pero grave, caracterizado por la formaci\u00f3n de co\u00e1gulos sangu\u00edneos y una ca\u00edda abrupta en los niveles de plaquetas.<\/p>\n\n\n\n
El tribunal, tras analizar las pruebas presentadas, descart\u00f3 otras patolog\u00edas preexistentes o causas externas que pudieran explicar el desenlace fatal. Los magistrados subrayaron que, para este tipo de casos, no es necesario contar con una \u00abcerteza absoluta\u00bb (que suele ser imposible en el \u00e1mbito m\u00e9dico-cient\u00edfico), sino que debe primar la \u00abpreponderancia de la evidencia\u00bb. Bajo este criterio, el fallo sostiene que los informes hematol\u00f3gicos y periciales brindaron sustento suficiente para vincular directamente la inoculaci\u00f3n con el cuadro cl\u00ednico que deriv\u00f3 en el fallecimiento.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los puntos m\u00e1s cr\u00edticos de la sentencia es el cuestionamiento a la postura inicial del Estado Nacional. En su momento, la Comisi\u00f3n Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) hab\u00eda clasificado el evento como \u00abIndeterminado B1\u00bb, lo que sirvi\u00f3 de base para que el Estado rechazara inicialmente los pedidos de indemnizaci\u00f3n de la familia.<\/p>\n\n\n\n
Este fallo, que sienta un precedente in\u00e9dito en la Argentina respecto a la responsabilidad del Estado por da\u00f1os derivados de la campa\u00f1a de vacunaci\u00f3n contra el Covid-19, ordena el inicio del proceso indemnizatorio. Seg\u00fan trascendi\u00f3, el monto establecido por la justicia, sujeto a las instancias de apelaci\u00f3n pertinentes, rondar\u00eda los 95 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n abre ahora un debate sobre los protocolos de vigilancia epidemiol\u00f3gica y la respuesta administrativa del Estado ante eventos adversos graves, marcando un precedente que podr\u00eda influir en futuras actuaciones judiciales vinculadas a la salud p\u00fablica y la responsabilidad civil del Estado.<\/p>\n